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Ecobullying: nadie defiende a los productores de los hostigamientos impulsados por los “caranchos inmobliarios”

Un caso testigo en Santa Fe.
Ecobullying: nadie defiende a los productores de los hostigamientos impulsados por los “caranchos inmobliarios”

Cuando alguien logra resumir un concepto complejo en un solo término se produce algo maravilloso: la posibilidad de que algo que no podemos o no queremos ver bien estalle en nuestra cabeza con claridad supina.

Eso mismo fue lo que logró esta semana el periodista Juan Manuel Fernández en un artículo imperdible (“EcoBullying: llegan a vivir al campo y pretenden desplazar a productores que llevan generaciones cultivando”), en el cual advierte que, detrás de la creciente psicosis social que se está registrando con respecto a las aplicaciones de agroquímicos, pueden esconderse personajes interesados en devaluar el valor de la tierra productiva para poder así desarrollar negocios inmobiliarios.

El artículo menciona los hostigamientos a los que están expuestos muchos productores santafesinos de Coronel Domínguez, una localidad que tiene la mala suerte de estar localizada apenas a unos 25 kilómetros de la ciudad de Rosario.

La moraleja es que los empresarios agropecuarios son una minoría social que está completamente indefensa frente a los caranchos inmobiliarios que buscan aprovecharse de la falta de ordenamientos territoriales para sembrar miedo, promover la histeria colectiva contra la producción agrícola y terminar forzando la retirada de la actividad para dar paso finalmente a un barrio cerrado o un country.

Las autoridades locales, frente a tales situaciones, suelen actuar con indiferencia o bien directamente restringiendo la posibilidad de producir. Creen, seguramente, que se trata de un fenómeno local. Pero en la Argentina existen muchos casos como el de Coronel Domínguez, cada vez más, y si los vamos sumando todos, podríamos llegar a visualizar que estamos atentando contra el sector que se ocupa de generar la mayor parte de las divisas genuinas que ingresan a la economía argentina.

¿Quién se ocupa de defender a los productores frente a tales atropellos? ¿Quién contrata el mejor estudio jurídico de la zona para representarlos? ¿Quién investiga a los malnacidos que están detrás de estas movidas para exponerlos públicamente? Nadie. Porque nadie representa a los empresarios agropecuarios. Las llamadas entidades gremiales son una suerte de emprendimientos personales sin los recursos necesarios para poder cumplir su misión.

Hasta que el agro argentino no logre sindicalizarse para lograr una representación gremial similar a la que ejerce la Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) en Brasil, todos los que decidan hacer ecobullying a los productores seguramente terminarán ganando la pelea por cansancio.

El otro aspecto crítico por implementar es una legislación nacional que establezca presupuestos mínimos para aplicaciones de fitosanitarios en las cuales se consideren sanciones ejemplificadoras para aquellos que no cumplan con las buenas prácticas agrícolas y un control estricto para evitar que personas no calificadas puedan acceder al uso de agroquímicos.

Lamentablemente, debido a la tragedia educativa ocurrida en la Argentina, la mayor parte de la población no podrá entender nunca que en una nación pobre atentar contra los fabricantes de divisas es lo más parecido al suicidio. Cualquier campaña comunicacional está perdida desde la hora cero. Por eso un marco normativo adecuado combinado con una entidad gremial fuerte es la única alternativa de defensa posible frente a los hostigamientos territoriales presentes. Y lo que vienen en camino.

Ezequiel Tambornini

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