La lección del caso Vicentín: qué sucede cuando se aplica la ley del menor esfuerzo en el comercio de granos
A propósito de las “operaciones a fijar”.
El grupo agroindustrial argentino Vicentín se encontró en el peor de los mundos posibles con dos frentes abiertos. Por un lado, el Estado nacional comenzó a cobrarle impuestos dolarizados por adelantado al momento de registrar declaraciones de ventas externas. Por otro lado, una legión de productores empezó a solicitar la liquidación masiva de posiciones abiertas.
Ambos movimientos fatales tienen un solo origen: la voracidad de la maquinaria estatal que, frente a una crisis de ingresos, no duda en sacrificar empresas y empleos en el sector privado para asegurar su propia supervivencia elefantiásica.
Los últimos meses del gobierno macrista fueron, en términos de política económica, un adelanto del modelo neokirchnerista que viene en camino con la presidencia de Alberto Fernández.
El affaire Vicentín debe servir como caso escuela para redimir a todos los analistas y consultores que, durante décadas, insistieron en el hecho de que las ventas de granos a fijar debían ser erradicadas del portafolio de opciones comerciales del empresario agrícola.
La mayor parte de los productores ignoraron siempre esa recomendación, imaginando que, al entregar los granos, podían desatenderse de la cuestión logística sin mayores riesgos y dejar una posición abierta que, en algunos casos, tenía incluso un “premio” de algunos dólares más por toneladas respecto del valor de referencia de fijación.
Hoy muchos de los productores que tienen mercadería adentro de la defaulteada Vicentín aprendieron –suponemos– la lección: entregar granos a fijar es una operación riesgosa en un país inestable como la Argentina. Especialmente cuando existen alternativas disponibles para evitarlo.
En los últimos años los accionistas del Matba y Rofex hicieron grandes esfuerzos para integrar ambos en un solo gran mercado argentino de futuros agrícolas que garantice liquidez de contratos. Muchos, igualmente, siguen sin usarlo porque dicen que tienen que inmovilizar capital en los márgenes de garantía. Pero peor que eso es que quede buena parte de la cosecha dentro de una empresa sin capacidad de pago.
La gestión profesional del comercio granario debería sustentarse en el uso sistemático de mercados de futuros agrícolas combinado con el empleo de silobolsas o el uso del servicio de acopio, el cual tendría que contar con una regulación específica que garantice la no realización de negocios sin autorización del propietario de los granos.
La comodidad y la ley del menor esfuerzo son siempre la solución fácil. Pero en el comercio de granos aplicar tales preceptos implica asumir un riesgo enorme, el cual, lamentablemente, se evidencia cuando ya es demasiado tarde.
Ezequiel Tambornini
