Con el incumplimiento de la Ley de Bosques el Estado nacional se apropió en la última década de 3600 M/u$s pertenecientes a las provincias
En el período comprendido entre 2010 y 2019.
En la primera década de vigencia de la Ley de Bosques –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– el Estado nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por más de 53.000 millones de pesos (M/$). Pero apenas desembolsó 3100 M/$.
Es decir: si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2019, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de una cifra –considerando el tipo de cambio oficial promedio de cada año– del orden de 3600 millones de dólares.
Los datos surgen a partir del análisis del último informe de estado de implementación de la Ley 26.331 publicado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El gobierno nacional violó durante diez años consecutivos lo establecido por la “Ley de Bosques”, dado que jamás integró el Fondo de Conservación con la cifra determinada por la legislación vigente.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.
Un informe elaborado en 2018 por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado (del Fondo de Conservación) se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
El último informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación indica que al año 2017 había 2.813.670 hectáreas de bosques nativos que se encontraban bajo planes de manejo validados por las autoridades ambientales provinciales, pero apenas un 53% de las mismas recibía aportes del Fondo de Conservación.
En la Argentina existen 11.047.104 hectáreas que no pueden desmontarse ni intervenirse (categoría I o roja) y 32.060.520 hectáreas que, si bien no pueden desmontarse, son pasibles de ser empleadas con fines turísticos con la correspondiente habilitación de las autoridades ambientales provinciales (categoría II o amarilla). Por último, existen otras 10.482.104 hectáreas que pueden entrar en producción con autorización (categoría III o verde).
