Bienes Personales: inversores con campos en Uruguay podrían llegar a pagar hasta un 10% de su valor durante la presidencia de Alberto Fernández
Los empresarios agropecuarios argentinos que cuenten con inmuebles rurales en el exterior serán los más perjudicados si se llegase a aprobar en el Congreso el proyecto de “emergencia pública” diseñado por el equipo económico del presidente Alberto Fernández.
Eso porque el proyecto, además de incrementar las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, contempla la posibilidad de duplicarlas para gravar los bienes situados en el exterior.
La normativa vigente determina que los inmuebles rurales a nombre de sociedades están gravados con 82.500 pesos + una alícuota de 0,75% del valor fiscal del campo. No están comprendidos los inmuebles rurales que están a nombre de personas y sucesiones indivisas.
El proyecto de “emergencia publica” prevé incrementar el impuesto de Bienes Personales a 156.250 pesos + una alícuota del 1,25%, la cual podrá determinarse en 2,50% para bienes situados en el exterior del país.
Si bien el proyecto contempla instrumentar dicha tasa hasta el 31 de diciembre de 2020, en caso de que la misma se aplicara finalmente por el término de cuatro años, implicaría que los propietarios de un campo en el exterior –por ejemplo en Uruguay– podrían llegar a tener que abonar el 10% de su valor fiscal en ese período.
Por otra parte, si bien el proyecto de “emergencia publica” no lo expresa de manera abierta, la intención del mismo es aplicar la nueva alícuota a todos los inmuebles rurales en producción presentes en la Argentina, independientemente de cuál sea su titularidad.
El impacto de la generalización de Bienes Personales para inmuebles rurales dependerá de los ajustes de las valuaciones fiscales realizados por las autoridades provinciales.
En 2017, por ejemplo, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal incrementó la valuación fiscal de miles de partidas de campos para aumentar la recaudación del impuesto inmobiliario rural (con un procedimiento similar al empleado por el ex gobernador Daniel Scioli en 2014). No puede descartarse que el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aplique una política similar o inclusive aún más extractiva.
