Gracias Argentina: el ataque contra el sistema productivo fue un factor decisivo para lograr el acuerdo EE.UU-China
La nación asiática necesita garantizar la seguridad alimentaria.
Argentina fue decisiva en la implementación de la primera fase del acuerdo EE.UU-China orientado a desactivar la “guerra comercial” que mantienen ambas naciones centrales desde 2018.
Cuando el gobierno central chino decidió comenzar a implementar murallas arancelarias y bloqueos comerciales contra productos agroindustriales estadounidenses a modo de represalia contra la “guerra comercial” lanzada por Donald Trump, la única región del mundo con capacidad para suplir la oferta faltante era el Mercosur.
Pero por entonces (2018) Brasil se encontraba en plena campaña electoral presidencial y Argentina, además de no mostrar interés en alinearse estratégicamente con China, procedía a implementar derechos de exportación generalizados, además de reforzar los aplicados al complejo oleaginoso.
Próximamente Argentina dará un paso más para terminar de asfixiar al sector productor de alimentos (y de divisas) con una mayor carga tributaria.
China, la nación más poblada del planeta con un estimado de 1435 millones de habitantes a la fecha, no se autoabastece de alimentos y este año perdió una gran parte de su stock de cerdos por una enfermedad (fiebre porcina africana) que impactó de lleno en una de las principales fuentes propias de proteínas cárnicas.
El flujo constante de aprovisionamiento de alimentos por parte de China constituye para esa nación una cuestión de seguridad alimentaria, es decir, representa un problema de seguridad nacional.
Por tal motivo, una política que contribuya a restringir o interrumpir las exportaciones de alimentos en una nación con excedentes de ese recurso representa para el gobierno central chino una amenaza, lo que convierte al país que aplique tales políticas en un mero proveedor al que se le puede cortar el chorro en cualquier momento (tal como sucedió recientemente con la exportación de carne bovina).
Diferente sería el caso si se promoviese la producción agropecuaria y de alimentos, además de establecer un Tratado de Libre Comercio que permita la integración comercial, logística y macroeconómica con China, para que la nación asiática, en lo que respecta a la Argentina, promueva un proceso de desarrollo similar al emprendido por los británicos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Pero la Argentina ya está catalogada como una nación poco confiable por el gobierno central chino, es decir, como un mero proveedor de alimentos, razón por la cual no tiene otra alternativa que buscar restablecer el pleno flujo de los canales comerciales con EE.UU.
El incremento de presión impositiva que viene en camino –además de generar recursos fiscales insignificantes– promoverá una creciente liquidación del rodeo bovino y desactivará el proceso de agroecologización que venía desarrollándose en los últimos años para garantizar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.
Tal como sucedió durante el período kirchnerista (2003/2015), la política tributaria extractiva promoverá una segunda fase del proceso de sojización que, además de potenciar la emergencia agronómica generada por la proliferación de las malezas resistentes a diversos principios activos, vendrá seguramente acompañada por plagas resistentes y problemas potenciados de enfermedades, los cuales, inevitablemente, atentarán contra la productividad.
Las presiones impositivas excesivas no se hacen solamente a costa de la “renta” de los productores, sino del patrimonio suelo, el capital biológico y el activo ambiental empleado por los sistemas agrícolas, recursos que, si bien son administrados por empresas privadas, algún día podrían llegar a ser considerados bienes públicos de la humanidad. Y si ese día llega, entonces las naciones que realicen una inadecuada gestión de los mismos podrían ser sancionadas o, eventualmente, ocupadas para garantizar un uso apropiado.
Ezequiel Tambornini
