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En poco más de un año el sector agropecuario experimentó dos incrementos de la carga tributaria. El primero en septiembre de 2018 con la introducción del esquema de retenciones móviles. Y el segundo recientemente con el decreto 37/19 seguido por la inminente instrumentación de la ley de “emergencia pública”.

La única entidad gremial agropecuaria que manifestó rechazo a la medida en ambas oportunidades es Confederación Rurales Argentinas(CRA).

El año pasado, luego de la implementación de las “retenciones móviles”, CRA emitió un comunicado en el cual expresó que “sin reparar las profundas diferencias que ofrece el sector productivo en su interior, se decidió reimplantar retenciones a todos, sin calibrar, si la fruta arrastra una debilidad estructural no recompuesta, o la lana requiere recuperar el 50% de su stock perdido o que entre el productor de soja de Salta y el de Santa Fe, existe un abismo de costos”.

“Retenciones para todos, fácil, seguro, recaudatorio y a seguir como se pueda, ningún funcionario dejó de hablar de los estragos que produjo la sequía (de 2018) en la recaudación del fisco, pero ningún funcionario habló o tomó alguna medida para aquellos productores primarios, que fueron quienes la padecieron, de verdad, los que no recaudaron nada o se fundieron”, resaltó CRA.

Este año, luego del nuevo paquetazo impositivo, CRA volvió a afirmar que el aumento de derechos de exportación “impactará directamente en la productividad, ya que la capacidad de reinversión de frente a la próxima campaña será menor y los paquetes tecnológicos a invertir serán readecuados a la baja”.

“Esto ya lo vimos, lo vivimos y lo sufrimos en nuestra historia reciente; estimar lo que se va a recaudar por un aumento de alícuota solamente pensando que la producción es una constante, y dicha medida no tendrá consecuencias en la producción, es un error de análisis garrafal”, agregó.

El año pasado Federación Agraria Argentina (FAA) se manifestó claramente en contra del aumento impositivo al indicar que “ahora resulta que estamos pagando el costo, junto a los trabajadores, los jubilados y las Pymes industriales, de una fiesta que se armó para garantizar la renta financiera. Todo esto, ¿es para cumplir con el pago de los intereses al Fondo Monetario Internacional? Se nos castiga a quienes generamos valor agregado y mano de obra; se nos sube impuestos para cumplir con el sector financiero”.

Pero este año la preocupación de FAA no fue la suba de la presión tributaria, sino la implementación de un sistema de derechos de exportación diferenciales. Y consideró –por medio de un comunicado– que la entidad “debería tener voz y voto en las definiciones sobre derechos de exportación”, para lo cual solicitó “espacios para establecer los parámetros de la segmentación”.

El año pasado la Sociedad Rural Argentina (SRA) apoyó tácitamente el incremento impositivo al declarar que “nos hacemos eco del mensaje del presidente (Mauricio Macri), que nos convoca a todos los argentinos a trabajar juntos para sacar al país definitivamente de la crisis y terminar con la corrupción. El campo continuará una vez más, colaborando con  toda iniciativa que apunte a proyectar a nuestra Nación definitivamente en el sendero del desarrollo”. En cuanto a los hechos recientes ocurridos, SRA aún no emitió aún un comunicado oficial al respecto.

Por ultimo, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que el año pasado prefirió el silencio institucional, este año –en su cuenta de Twitter– si bien manifestó un “enfático rechazo a las retenciones”, aseguró que la promesa de segmentarlas constituye “un gesto del presidente (Alberto Fernández) que muestra una consideración al sector”.

“Los derechos de exportación distorsionan el desarrollo y la inversión. Confiamos en que su política agroindustrial (en referencia al presidente Fernández) va a ser exitosa y el país no va a necesitar de este impuesto para recomponer la preocupante situación social con la que Coninagro se solidariza”, añadió Coninagro.