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Papelón: el gobierno aseguró que FAA y Coninagro avalaron el “Compromiso Solidario” pero las entidades salieron a desmentirlo

Malentendido.
Papelón: el gobierno aseguró que FAA y Coninagro avalaron el “Compromiso Solidario” pero las entidades salieron a desmentirlo

Las autoridades de Federación Agraria (FAA) y de Coninagro tuvieron que salir a aclarar que no firmaron ni avalaron el documento “Compromiso Argentino por el desarrollo y la solidaridad” luego de que un comunicado oficial asegurara lo contrario.

El presidente Alberto Fernández firmó ayer junto a empresarios, representantes gremiales y de movimientos sociales el documento que pretende justificar el incremento de la presión tributaria sobre el sector agropecuario.

En el comunicado oficial del evento se aseguró que “el documento ya ha recibido el apoyo explícito de dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace: la Federación Agraria Argentina (FAA) y de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)”.

Ante ese malentendido, FAA emitió un comunicado en el cual expresó que “ante lo explicitado en el comunicado de Presidencia, Federación Agraria Argentina FAA no firmó ningún compromiso y no participó de la convocatoria del gobierno en la jornada”. La entidad cooperativa hizo también lo propio al aclarar “ningún dirigente de Coninagro estuvo presente en la Mesa Compromiso Argentino de Solidaridad, por lo tanto ni Carlos Iannizzotto (presidente de Coninagro) ni otro representante de la entidad firmó el documento”.

Insólitamente, ayer viernes, horas antes de la realización del evento, ambas entidades publicaron sendos comunicados para remarcar que no firmarían el documento ante la falta de tiempo para evaluar la propuestas con sus bases, dado que el mismo fue notificado por colaboradores del presidente Fernández con apenas un día de anticipación.

El documento Compromiso argentino de solidaridad expresa que los firmantes se comprometen “solidariamente, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar”.

También indica que “la carencia de información adecuada para la toma de decisiones consistentes ha llevado al gobierno a solicitar al Congreso facultades extraordinarias y un plazo de 180 días para acceder a esos datos y elaborar propuestas socialmente equitativas, fiscalmente sostenibles y, en general, acordes a un país que quiere crecer y distribuir la riqueza de un modo genuino”.

“El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe ver reforzado en su efectividad con el concurso de conductas sectoriales responsables, en especial de los formadores de precios, y los eslabones más rentables de las cadenas de distribución”, indica el documento.

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