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Los legisladores de las provincias que integran la denominada “Argentina del Centro” representan los intereses del sector agroindustrial –principal motor económico de la región–, pero no ocurre lo mismo en las jurisdicciones de Buenos Aires y La Pampa. Tampoco en el norte del país.

Así lo identificó un informe elaborado por la Fundación Barbechando sobre la votación de la “Ley de Emergencia Pública” (Nº 27.541), el cual indica que, de todas las provincias de base agropecuaria, las únicas con diputados que votaron mayoritariamente en contra de otorgar al Poder Ejecutivo la potestad de incrementar los derechos de exportación agrícolas fueron Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

En Buenos Aires, si bien se trata de la principal provincia agrícola argentina, prevalecieron los intereses de los diputados del Conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor parte de la población en todo el territorio argentino.

En lo que respecta al Senado, nuevamente la mayoría de los legisladores de Córdoba y Entre Ríos representaron los intereses de sus respectivos sectores agroindustriales, aunque no ocurrió lo mismo en Santa Fe, donde el único senador que votó en contra del aumento de derechos de exportación fue el empresario agropecuario y ex gobernador santafesino Carlos Alberto Reutemann. Los senadores santafesinos María de los Ángeles Sacnun (oriunda del pueblo de Firmat) y Roberto Mirabella (Rafaela) votaron a favor del aumento de retenciones.

En cambio, en el Senado los intereses agroindustriales de Buenos Aires sí estuvieron representados con las votaciones en contra de los diputados Esteban Bullrich y Gladys Esther González (ambos del PRO); el único voto a  favor en este caso fue del senado Jorge Taiana (Frente de Todos).

El informe es útil para visualizar que, más allá de la coyuntura política del momento, en la “Argentina del Centro” la mayor parte de los legisladores actúan a favor de los intereses del principal sector económico local, algo que no sucede en el resto de las jurisdicciones argentinas donde prevalece el voto alineado con los intereses de la administración central.

La “Ley de Emergencia Pública”, aprobada el pasado 21 de diciembre en el Senado con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención de la senadora riojana Clara Vega (Juntos por La Rioja), contempla otorgar al Poder Ejecutivo la posibilidad de fijar derechos de exportación de hasta el 33% en poroto de soja y de hasta 15% en cereales y productos del complejo girasolero (tales topes aún no fuero implementados por el Poder Ejecutivo, que hasta la fecha mantiene los derechos determinados por el decreto 37/19).

En lo que respecta a hidrocarburos y minería, la Ley 27.541 determina una alícuota máxima por aplicar de hasta el 8%, mientras que no puede superar el 5% para “los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional”; en este último concepto ingresarían la miel, hortalizas, frutos secos, frutas, aceitunas, vinos, azúcar, yerba mate, quesos y manteca, entre otros productos.

“Mientras tanto, el sector petrolero logró negociar los cambios, incluso antes de que arribara el proyecto de Emergencia al Congreso. Así fue que, en reuniones previas entre el Ministro de Producción, Matías Kulfas, y los principales operadores de petróleo, acompañado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el gobierno corrigió el tope original propuesto por el Ministro de Economía del 12%, y lo redujo al 8%, con el afán de promover inversiones en Vaca Muerta”, explica el informe de la Fundación Barbechando.

“Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, participó en reuniones con el equipo de Kulfas, donde, a último momento, también se torció el tope de retenciones para minería al 8%. Definitivamente el poder de influencia del sector minero y del petróleo fue suficiente para alcanzar la reducción de 4 puntos en el tope de los derechos de exportación”, añade.