Contraste brutal: el gobierno argentino está evaluando reducir el derecho de exportación a las corporaciones mineras
Frente a un aumento inminente para el agro.
El contraste no podría ser más profundo: mientras que el gobierno de Alberto Fernández se apresta a incrementar el derecho de exportación sobre la soja del 30% al 33%, se está evaluando eliminar ese impuesto para el sector minero.
El gobierno nacional trabaja en una reglamentación de la ley de “Emergencia Pública” (Nº 27.541) que permita reducir o eliminar la alícuota del 8% para los derechos de exportación de minerales, según indica un artículo publicado hoy por la agencia oficial Télam.
“La flexibilidad está prevista en la ley (de emergencia pública) porque habla de topes y ante una retención del 8% puede ser en la práctica hasta de 0%, todo depende de la evaluación y análisis que hagamos proyecto por proyecto”, aseguró anoche el secretario de Minería, Alberto Hensel, en un encuentro con inversores mineros que se desarrolló en el marco de la participación argentina en el Prospectors & Developers Association of Canada (una de las mayores ferias sectoriales que se realiza cada año en la ciudad de Toronto).
“Hay que reglamentar la ley de Emergencia con la apertura suficiente para sentarnos con los empresarios y contribuir a la mejor salida (de cada proyecto)”, afirmó Hensel, para luego indicar que se está “trabajando en una iniciativa de flexibilización”.
En
el ámbito de las materias primas (commodities), el sector minero argentino
–integrado en su mayor parte por corporaciones globales con operaciones en el
país– es el que mejor trato tributario y cambiario recibe por parte del Estado
nacional.
A
partir de lo determinado por la ley “Emergencia Pública”, las exportaciones
mineras tendrán un derecho de exportación máximo del 8% con un plazo
–establecido por la legislación vigente– de hasta 180 días para liquidar
divisas.
En lo que respecta al sector petrolero, las exportaciones de hidrocarburos también están gravadas con un derecho de hasta el 8%, pero con un plazo de hasta 30 días para ingresar las divisas originadas por las operaciones de comercio exterior.
El sector agroindustrial, a pesar de ser el principal generador de divisas genuinas de la economía argentina, es el más perjudicado por la política tributaria aplicada por el Estado nacional.
La ley “Emergencia Pública” establece la posibilidad de aplicar derechos de exportación de hasta 33% para soja y de 15% para cereales, los cuales deben abonarse pocos días después de declarada la operación de comercio exterior; es decir: deben pagarse prácticamente por adelantado. Y el plazo máximo para ingresar las divisas resultantes de la operación es de hasta 15 días.
