VicentÃn aseguró que la “primarización†de la matriz exportadora fue una de las causas de la crisis que derivó en la cesación de pagos
PolÃtica implementada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y continuada por la actual administración.
Las autoridades de la concursada VicentÃn SAIC aseguraron que uno de los factores que provocaron la insolvencia que derivó en la cesación de pagos de la compañÃa fue la eliminación, instrumentada por el gobierno macrista en 2018, del diferencial de tres puntos entre el derecho de exportación de la harina y del aceite de soja respecto del correspondiente al poroto de soja.
Asà está consignado en el documento, firmado esta semana por Fabián Lorenzini –titular de la segunda denominación del Juzgado en Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista (Santa Fe)–, en el cual se declara la apertura del concurso preventivo de VicentÃn SAIC.
El documento indica que los responsables de VicentÃn señalaron que los factores desencadenantes de la crisis fueron “la volatilidad de los mercados financieros†junto con “la necesidad de acudir al endeudamiento comercial, sumado a las condiciones climáticas adversas, importación de materias primas (poroto de soja) desde Brasil y EE.UU. y el abandono por parte del gobierno nacional durante el año 2018 de polÃticas arancelarias que promovÃan la mayor rentabilidad del sectorâ€.
Los representantes de VicentÃn “manifestaron haber iniciado las gestiones para lograr extensiones de los vencimientos a mediano y largo plazo, a la vez que se desprendieron de su tenencia accionaria en la empresa Renova (16,67% en favor de su socia Glencore), en busca de liquidez para atender obligaciones con bancos, productores y cancelar prefinanciaciones con cobranzas comprometidas, en miras a mantener la operación comercial e industrial de sus establecimientosâ€. Algo que, evidentemente, no fue suficiente.
El documento menciona que la suma de acreencias denunciada suma 2638 legajos por un total de 99.345 millones de pesos, de los cuales 1895 corresponden a compra de granos a productores y acopios por 25.656 millones de pesos.
También detalla que VicentÃn cuenta con un total de 1287 empleados en relación de dependencia (distribuidos en las localidades de Avellaneda, Reconquista, San Lorenzo, Ricardone, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y participación accionaria en 19 empresas (una de las cuales, Algodonera Avellaneda, también comenzó a registrar inconvenientes financieros en la última semana).
Entre los principales acreedores quirografarios (sin garantÃa real) de la empresa figuran International Finance Corporation (EE.UU.) con 16.504 millones de pesos, Netherlandese Financerings (PaÃses Bajos) con 9229 M/$, Asociación de Cooperativas Argentinas (Argentina) con 4929 M/$, ING Bank NV Tokyo Branch (Japón) con 4420 M/$, Commodities SA (Argentina) con 2780 M/$ y Banco de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) con 1814 M/$.
Hasta agosto de 2018 las exportaciones de harina y aceite de soja contaban con un derecho de exportación tres puntos inferior que el poroto (materia prima), pero desde septiembre de ese año –por medio del decreto 793/18– la presión tributaria de los tres productos se unificó en el marco de un esquema integrado por una alÃcuota fija del 18% sobre el valor FOB + una alÃcuota variable de 4 pesos por cada dólar FOB. En el caso del biodiesel, a la alÃcuota fija del 15% se le adicionó también el factor móvil del 4×1.
Por entonces la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) publicó un comunicado en el cual advirtió que la pérdida del diferencial de tres puntos generarÃa “una menor capacidad de compra de la agroindustria y la elevación de la capacidad ociosa del principal complejo oleaginoso del mundo, estimulando indirectamente la primarización de la agroexportaciónâ€. La entidad además aseguró entonces que la medida podrÃa “derivar en el cierre de plantas industriales, lo que perjudicarÃa especialmente a los productores y se perderÃan empleosâ€.