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Las autoridades de la concursada Vicentín SAIC aseguraron que uno de los factores que provocaron la insolvencia que derivó en la cesación de pagos de la compañía fue la eliminación, instrumentada por el gobierno macrista en 2018, del diferencial de tres puntos entre el derecho de exportación de la harina y del aceite de soja respecto del correspondiente al poroto de soja.

Así está consignado en el documento, firmado esta semana por Fabián Lorenzini –titular de la segunda denominación del Juzgado en Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista (Santa Fe)–, en el cual se declara la apertura del concurso preventivo de Vicentín SAIC.

El documento indica que los responsables de Vicentín señalaron que los factores desencadenantes de la crisis fueron “la volatilidad de los mercados financieros” junto con “la necesidad de acudir al endeudamiento comercial, sumado a las condiciones climáticas adversas, importación de materias primas (poroto de soja) desde Brasil y EE.UU. y el abandono por parte del gobierno nacional durante el año 2018 de políticas arancelarias que promovían la mayor rentabilidad del sector”.

Los representantes de Vicentín “manifestaron haber iniciado las gestiones para lograr extensiones de los vencimientos a mediano y largo plazo, a la vez que se desprendieron de su tenencia accionaria en la empresa Renova (16,67% en favor de su socia Glencore), en busca de liquidez para atender obligaciones con bancos, productores y cancelar prefinanciaciones con cobranzas comprometidas, en miras a mantener la operación comercial e industrial de sus establecimientos”. Algo que, evidentemente, no fue suficiente.

El documento menciona que la suma de acreencias denunciada suma 2638 legajos por un total de 99.345 millones de pesos, de los cuales 1895 corresponden a compra de granos a productores y acopios por 25.656 millones de pesos.

También detalla que Vicentín cuenta con un total de 1287 empleados en relación de dependencia (distribuidos en las localidades de Avellaneda, Reconquista, San Lorenzo, Ricardone, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y participación accionaria en 19 empresas (una de las cuales, Algodonera Avellaneda, también comenzó a registrar inconvenientes financieros en la última semana).

Entre los principales acreedores quirografarios (sin garantía real) de la empresa figuran International Finance Corporation (EE.UU.) con 16.504 millones de pesos, Netherlandese Financerings (Países Bajos) con 9229 M/$, Asociación de Cooperativas Argentinas (Argentina) con 4929 M/$, ING Bank NV Tokyo Branch (Japón) con 4420 M/$, Commodities SA (Argentina) con 2780 M/$ y Banco de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) con 1814 M/$.

Hasta agosto de 2018 las exportaciones de harina y aceite de soja contaban con un derecho de exportación tres puntos inferior que el poroto (materia prima), pero desde septiembre de ese año –por medio del decreto 793/18– la presión tributaria de los tres productos se unificó en el marco de un esquema integrado por una alícuota fija del 18% sobre el valor FOB + una alícuota variable de 4 pesos por cada dólar FOB. En el caso del biodiesel, a la alícuota fija del 15% se le adicionó también el factor móvil del 4×1.

Por entonces la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) publicó un comunicado en el cual advirtió que la pérdida del diferencial de tres puntos generaría “una menor capacidad de compra de la agroindustria y la elevación de la capacidad ociosa del principal complejo oleaginoso del mundo, estimulando indirectamente la primarización de la agroexportación”. La entidad además aseguró entonces que la medida podría “derivar en el cierre de plantas industriales, lo que perjudicaría especialmente a los productores y se perderían empleos”.