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El gobierno nacional habilitó a las provincias a poner en aislamiento obligatorio a las personas que ingresen a sus territorios

Lo establece el decreto 520/20.
El gobierno nacional habilitó a las provincias a poner en aislamiento obligatorio a las personas que ingresen a sus territorios

Las autoridades del gobierno nacional extendieron hasta el próximo 28 de junio la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano y los departamentos de San Fernando (Chaco), Bariloche y General Roca (Río Negro) y Rawson (Chubut).

Para el resto del país comenzará a regir el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en el marco del cual –según lo indica el decreto 520/20– “podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial” que restrinja el “uso de las superficies cerradas hasta un máximo del 50% de su capacidad”.

La norma indica que las autoridades provinciales “podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización con la finalidad de prevenir la circulación del virus”, además de “dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas”.

El decreto 520/20 establece que las personas alcanzadas por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio no pueden circular “fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el Certificado Único Habilitante para Circulación-Emergencia Covid-19 que los habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento tanto del distanciamiento como del aislamiento social, preventivo y obligatorio, “se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”.

El artículo 205 establece prisión de seis meses a dos años al que viole medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia, mientras que el 239 corresponde prisión de quince días a un año al que desobedezca a un funcionario público.

También se podrán “disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario”.

El decreto 520/20 también determina que en caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del Covid-19 se faculta a “los gobernadoras de las provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de 14 días”.

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