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La Cámara de Puertos Privados advirtió que la intención de expropiar Vicentín “no es conveniente porque es demostrativa de un estado de inseguridad jurídica”

Comunicado.
La Cámara de Puertos Privados advirtió que la intención de expropiar Vicentín “no es conveniente porque es demostrativa de un estado de inseguridad jurídica”

Las autoridades de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresaron su preocupación por la decisión del gobierno nacional de “interrumpir el equilibrio de la división de los Poderes –soporte de nuestra República– disponiendo la intervención estatal de una sociedad regulada por el derecho privado” en referencia a Vicentín SAIC.

La CPPC, por medio de un comunicado, indicó que Vicentín, “afectada por  cambiantes circunstancias macroeconómicas, resolvió con madurez ajustarse a derecho y recurrir al remedio del concurso preventivo, poniéndose en manos de su juez natural para no sólo ordenar su pasivo y acordar con sus acreedores la forma de honrar los compromisos asumidos, sino para que fuera el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe –único competente– quién analice los motivos y causas de su presentación y la conducta empresarial de quienes la conducían”.

“Nuestro país es netamente agroexportador y este sector, pilar de la economía nacional, se cimenta en la actividad privada de miles de productores agrarios que a lo largo y ancho del país han generado, año tras año, récords de producción agropecuaria que han permitido asegurar siempre nuestra soberanía alimentaria a punto tal que nuestro consumo interno representa apenas un quince por ciento del total de nuestra producción actual de alimentos”, explicó el comunicado. “La intervención del Estado Nacional en el contexto descripto sería ilegal e inconstitucional por invadir la esfera de otro Poder del Estado”, añadió.

“La participación forzada del Estado nacional en este sector además de no corresponder por ir en contra de uno de los principios rectores de nuestra República, no es conveniente porque es demostrativa de un estado de inseguridad jurídica manifiesta en momentos en que la economía nacional está sometida a un estrés extraordinario producto de la deuda externa –aún insoluta con sus acreedores– y a la paralización ocasionada por la pandemia. El avanzar por este camino no generará el estado de certidumbre imprescindible para conseguir la llegada de inversores, ni el acceso al financiamiento internacional, ni el ingreso de las divisas necesarias para superar esta coyuntura”, advirtió.

Entre los integrantes de la CPPC se incluyen ADM Agro SRL, Aceitera General Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco Agri SA, Del Guazú SA, LDC Argentina SA, Molinos Agro, Profertil, Renova SA, Sitio 0 de Quequén, Terminal 6 SA, Terminal  Bahía Blanca, Terminal Quequén y Vicentín SAIC.

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