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“Detectamos sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas que no tienen vinculación comercial con el giro normal de Vicentín”

El trabajo del abogado Mariano Moyano para rastrear la ruta del dinero de la empresa concursada.
“Detectamos sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas que no tienen vinculación comercial con el giro normal de Vicentín”

Mariano A. Moyano Rodríguez, socio del estudio jurídico Moyano & Asociados Abogados, trabaja hace más de veinte años en el rastreo y recuperación de activos en jurisdicciones internacionales. Un grupo de acreedores de Vicentín SAIC lo contrato justamente con ese propósito.

“Somos abogado de acreedores no financieros de Vicentín SAIC que están denunciados en el concurso pero no van a verificar el crédito en virtud de que consideran que el concurso está armado para beneficiar a Vicentín”, señala el especialista que intervino en los fraudes del Grupo Velox, Hope Funds y Paydiamond.

¿Qué estrategia van a emplear?

MMR: Nos contrataron para rastrear y ubicar los activos de Vicentín en el exterior y eventualmente, donde se encuentren esos activos, demandar al grupo Vicentín fuera de la Argentina.

¿Qué acciones se pueden llegar a realizar?

MMR: Por ahora estamos por acciones de recupero. Generalmente estos casos también requieren cargos por acciones criminales, pero hasta que no se determine claramente el esquema de lavado, eso no es posible porque falta información y documentación; pero vamos camino a eso. El objetivo es recuperar los fondos desviados del grupo Vicentín al exterior una vez determinado el lugar donde están los mismos; ahí se demandaría para el recupero del dinero.

¿Es factible hacer eso?

MMR: Nosotros lo hacemos hace más de veinte años. Esto se denominada en el ámbito internacional asset recovery, es decir, recuperación de activos; se trata de un procedimiento en el que intervienen muchas jurisdicciones y en el que se hace una reconstrucción de la ruta del dinero. Sabemos dónde empieza y tenemos que determinar dónde termina esa ruta para detectar los fondos desviados y en base a eso iniciar las acciones que correspondan.

Uno de los problemas del concurso preventivo es que la deuda contemplada en el mismo se denomina en pesos argentinos, que se deprecian a un ritmo elevado…

MMR: Además el concurso tiene una cuestión de privilegios que establece que primero cobran los acreedores privilegiados; entonces el acreedor quirografario depende de lo que sucede con los demás acreedores. Nuestros clientes ya estaban advertidos de que se trataba de una maniobra de vaciamiento de la compañía, por lo que no querían participar del concurso.

El pedido de intervención realizado por la provincia de Santa Fe indica que el armado societario para desvincular a Vicentín SAIC del resto de las empresas del grupo comenzó en 2014.

MMR: Nosotros tenemos constancia del armado de sociedades off shore desde 2012 inclusive, pero claramente el esquema de insolvencia se hizo en 2019 y 2018. En la ley concursal se determina el período de sospecha, que se extiende desde la declaración de la cesación de pagos, que en el caso Vicentín SAIC es el 5 de diciembre de 2019; entonces, dos años para atrás desde ese 5 de diciembre se aplica el período de sospecha, en el cual todas las actividades que hizo el concursado para desapoderarse de bienes entran en el período de sospecha y, si se comprueba eso, la legislación establece que se trata de actos ineficaces de pleno derecho. ¿Qué significa? Que el juez debiera revocar esas transacciones y declararles la nulidad para que esos bienes integren la masa concursal. Entonces esas operaciones que denunció la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, más todo lo que nosotros hemos aportado, obviamente va a ser judicializado porque es un imperativo legal de la ley concursal. Existe mucha tela para cortar. El juez concursal está muy lento con estas cosas y muchas cuestiones podrían mejorarse.

¿Cuáles por ejemplo?

MMR: Un requisito del artículo 11 de la Ley 24.522 (Concursos y Quiebras) es que cuando uno se presenta en convocatoria de acreedores, debe informar la nomina de activos y de pasivos, las deudas laborales y los estados contables. Ellos (por Vicentín SAIC) presentaron un balance de corte hasta octubre de 2019, cuando tendrían que haber presentado un balance de corte con la situación inmediata anterior a la cesación de pagos para luego, al finalizar el ejercicio, presentar el balance anual correspondiente. No hicieron ninguna de las dos cosas. Entonces, si no se cumple con esos requisitos, el juez tiene la posibilidad de decretar la quiebra. Hoy por hoy la empresa ya debería estar en quiebra. Creo que ese es el próximo paso que debería darse. Tengo entendido que nadie quiere firmar el balance porque es impugnable judicialmente y no puede transparentar muchas transacciones que van a ser categorizadas como ineficaces; sin entrar en la cuestión política, por lo que corresponde a la ley concursal, ya tendrían que haberle decretado la quiebra.

La tarea de rastreo de cuentas en paraísos fiscales, ¿lleva mucho tiempo?

MMR: Lleva tiempo y mucho esfuerzo. Empezamos a trabajar en diciembre del año pasado y hemos preparado ya dos informes al respecto, uno preliminar y otro avanzado, para beneficio de nuestros clientes, y lo compartimos además con el comité de acreedores en New York (Steering Committee of Lenders to Vicentin) y con el Banco de la Nación Argentina, con la Comisión Investigadora de la provincia de Santa Fe y con la Jefatura de Gabinete de la Nación.

¿Y esos informes qué dicen?

MMR: Que durante el período se constituyeron sociedades no declaradas en el marco del concurso preventivo y no informadas como integrantes del grupo económico Vicentín, que participaron con transacciones que en algunos casos fueron el destino final de créditos otorgados por entidades como el Banco Nación; estamos hablando de sociedades en Uruguay. A su vez detectamos sociedades en jurisdicciones que no tienen vinculación comercial con el giro normal de Vicentín en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas. Lo último, que no está incluido en el informe, es que hemos descubierto sociedades en otros países que son titulares de inmuebles que fueron adquiridos para accionistas y directivos de Vicentín; son sociedades, constituidas, por ejemplo, en Miami, para ser dueñas de propiedades. Siempre son complejas estas estructuras financieras armadas para intentar que no sean descubiertas; la gente que lo hace son especialistas, pero estamos trabajando en conjunto con el comité de acreedores en New York y con la ayuda de la Corte de Justicia de esa jurisdicción y eso acelera mucho este proceso; hemos comprobado desvíos de fondos a personas físicas, accionistas y directivos de Vicentín en bancos en New York con transferencias a paraísos fiscales.

¿Estima que existe probabilidad de que los acreedores recuperen su capital con esa estrategia?

MMR: Creo que hay grandes posibilidades de obtener resultados favorables. Tenemos el apoyo de la Corte de New York. Pero esto recién comienza porque los fondos, en su mayor parte, ya no están en EE.UU. Pero una vez que los fondos se ingresan al sistema bancario, es muy difícil salir del mismo; esta gente cree que derivando fondos a paraísos fiscales no es fácil rastrearlos, pero la verdad es que no es tan difícil hoy en día.

¿Cuáles son los mecanismos para recuperar el dinero una vez detectado el destino del mismo?

MMR: Además de cooperar y de recibir información de los organismos de investigación financiera, existen convenios de cooperación internacional en materia de lavado de dinero. Judicialmente lo que se hace es un reconocimiento de una sentencia que se ejecuta en los países donde se detecten los activos. El comité de acreedores en New York investiga todas las cuentas de Vicentín en esa jurisdicción a los efectos de obtener un reconocimiento judicial de todas esas transacciones para poder ir con la sentencia dónde estén los activos y pedir al juez de esa jurisdicción el reconocimiento de la sentencia del Estado de New York; ahí el juez tiene facultades para otorgarla o no, pero normalmente, cuando son estos casos de lavado de activos donde existe un delito precedente, se otorga porque es materia de cooperación internacional.

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