Ya está lista la planilla para recolectar datos sobre “delitos vinculados a roturas de silobolsas”
Luego de casi dos meses del anuncio.
Finalmente, tal como había prometido casi dos meses atrás, el gobierno nacional creó la Comisión Interministerial Permanente en materia de Seguridad Rural para comenzar a sistematizar el relevamiento de atentados contra silobolsas.
La Comisión Interministerial Permanente –según indica la resolución conjunta 4/20 publicada hoy en el Boletín Oficial– estará integrada por los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Seguridad de la Nación. Y también se invitará a participar a las autoridades del área de seguridad de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
La norma dispone la creación del “Relevamiento estadístico sobre delitos vinculados a rotura de silobolsas” en el ámbito de la Dirección Nacional de Estadística Criminal de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el cual “se relevará y sistematizará la información sobre los procedimientos policiales en casos de rotura de silo bolsas y/o sustracción de la producción agrícola allí almacenada con el fin de dimensionar cuantitativamente estos hechos y conocer las características sobre ubicación, temporalidad y modalidades”.
Para el relevamiento se diseñó una planilla específica, la cual debería ser empleada por las autoridades provinciales para enviar datos al respecto con frecuencia trimestral a la Dirección Nacional de Estadística Criminal.
La Comisión Interministerial Permanente además designará un “Grupo de Trabajo sobre Seguridad Rural”, en el cual participarán integrantes del Consejo Federal Agropecuario (CFA) y del Consejo de Seguridad Interior (CSI), el cual tendrá a su cargo la elaboración de “una guía con pautas para la actuación policial ante hechos vinculados a rotura de silo bolsas y/o sustracción de la producción agrícola” y la instrumentación de “mecanismos ágiles para la denuncia de los hechos de referencia”.
El “Grupo de Trabajo” también tendrá a su cargo la realización de “un análisis y diagnóstico sobre la situación actual de los delitos en el ámbito rural vinculados a la producción agrícola-ganadera, las políticas para su prevención y los mecanismos de actuación policial”.
