Un proyecto del gobierno argentino pretende que personas con un patrimonio de 200 M/$ hagan un “aporte” de 4,0 M/$
La iniciativa legislativa fue enviada al Congreso.
El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para crear un aporte extraordinario “con carácter de emergencia y por única vez” sobre todos los bienes de personas humanas y sucesiones indivisas declarados al 31 de diciembre de 2019.
El impuestos se aplicará sobre los patrimonios que superen una valuación de 200 millones de pesos en función de lo establecido por la Ley 23.966 y sus modificatorias tanto para argentinos residentes como para aquellos “cuyo domicilio o residencia se encuentre en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos del artículos 19 y 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.
Los bienes –tanto localizados en el territorio argentino como en el exterior– que serán considerados para calcular el patrimonio son inmuebles y bienes muebles; derechos reales constituidos sobre bienes; naves, aeronaves y automotores; depósitos bancarios; aportes a trust, fideicomisos y fundaciones de interés privado; títulos, acciones, cuotas y participaciones sociales o títulos valores representativos de capital social; y patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales, entre otros. El proyecto señala que para el cálculo no se permitirá realizar “deducción de mínimo no imponible alguno”
Para calcular el “aporte” por abonar se estableció una escala en la cual, por ejemplo, para patrimonios valuados entre 200 y 300 millones de pesos, se determina un monto básico de 4,0 millones de pesos más un 2% sobre el excedente de 200 M/$ si los bienes están situados en el país. Es decir: para un patrimonio valorizado en 250 M/$, el “aporte” sería entonces de 5,0 millones de pesos.
El proyecto indica que lo recaudado se destinará en un 20% para la compra de “equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria”; un 20% para subsidiar a Pymes “con el objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”; un 20% al programa de becas Progresar; un 15% “a los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana”; y el 25% restante a YPF S.A. para “programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural”.
