Se acabó la grieta: todas las fuerzas políticas quieren regular los humedales para comenzar a establecer áreas de restricción productiva

Existe un aspecto en el cual la “grieta política” argentina desapareció por completo: la intención de comenzar a regular los humedales para establecer áreas de restricción productiva.

En los últimos dos meses legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas presentaron proyectos para regular los humedales, los cuales, extrañamente, tienen tan escasas diferencias entre sí que parecen todos calcados en una misma matriz.

Todas las iniciativas proponen realizar un “Inventario Nacional de Humedales” para instrumentar un “ordenamiento territorial” en el  cuál debería hacerse un aprovechamiento “sustentable” con previa autorización de la autoridad ambiental. Prevé delimitar áreas de “conservación” o “preservación” en las cuales no se podrá producir nada, las cuales, para compensar el lucro cesante, recibirían compensaciones de un “Fondo Nacional de Humedales” por crearse.

Los proyectos fueron presentados por legisladores de la UCR (Gabriela Lena, Claudia Najul, Ana Carla Carrizo, Federico Zamarbide, Lorena Matzen, Gonzalo del Cerro, Jorge Rizzotti, Josefina Mendoza, Aida Ayala y Luis Petri); del Frente de Todos (Hernán Pérez Araujo, Melina Delu, Ariel Rauschenberger, Jimena López y Martín Soria); de Juntos por el Cambio (Jorge Vara, Alicia Fregonese, Atilio Benedetti, Pablo Torello, María Lucila Lehamnn, Sofía Brambilla, Ricardo Buryaile, Gustavo Hein, Estela Regidor Belledone, Gisela Scaglia, Gerardo Cipolini, Juan Martín y Federico Angelini); de Consenso Federal (Graciela Camaño); y del Socialismo (Enrique Estevez y Luis Contigiani).

El espíritu de la iniciativa es similar al de la Ley 26.331 (“Ley de Bosques”), la cual fue violada sistemáticamente durante una década por el Estado nacional porque jamás integró el Fondo de Conservación –que supuestamente debía compensar a los propietarios de las tierras que quedaron fuera de producción– con la cifra determinada por esa misma legislación.

Resulta extraño además que, con las graves complicaciones económicas y sociales presentes en la Argentina, todos los legisladores se hayan puesto de acuerdo para instrumentar una regulación que, además de incrementar el gasto público –sustentado en lo que va de 2020 en emisión monetaria sin respaldo–, puede dejar fuera de juego a vastas extensiones de tierra en las cuales se elaboran productos agroindustriales generadores de divisas (en un momento en el cual el Banco Central argentino está virtualmente fundido)

Ante tales iniciativas, las autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señalaron que “los proyectos presentados poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades”.

CRA, por medio de un comunicado, recordó que todas las provincias ya cuentan con su propia legislación hídrica y ambiental que resguarda a los humedales. El ejemplo más obvio es Corrientes, que cuenta con una de las zonas de humedales protegidas más extensa del mundo (1.200.000 hectáreas de Parque y Reserva Ibera).

“El apuro, la sobreactuación y las opiniones carentes de base científico-técnica y desconocimiento de la realidad socio-económica son malos consejeros. El actual contexto no parecería oportuno para definir precipitadamente una Ley de Humedales, pero sin duda es una buena oportunidad para ir enriqueciendo el debate con bases sólidas y rigor científico”, advirtió CRA.

Los proyectos presentados pueden verse aquí: 3634, 3804, 3757, 4184, 4207 y 4244