Acceso a la tierra con respeto a la propiedad privada: cómo funciona el Instituto Nacional de Colonización de Uruguay
La experiencia de una nación republicana.
En Uruguay la política de acceso a la tierra es gestionada por el Instituto Nacional de Colonización de Uruguay (INC), un organismo público que cuenta en su propiedad con unas 380.000 hectáreas productivas que ofrece en arrendamiento –con condiciones preferenciales– a trabajadores, familias y cooperativas rurales.
La Ley Nº 11.029 (1948) y sus modificatorias establece que todo propietario, antes de vender un campo, está obligado a ofrecerlo en primer término al INC, que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago que un interesado del sector privado.
La prioridad para el acceso a la tierra, según lo dispone la normativa, la tienen las familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar, así como los pequeños productores organizados que ya estén realizando explotaciones asociativas de la tierra.
La mayor parte de los ingresos del INC proviene de arrendamientos –con valores bonificados– realizados a familias y emprendimientos asociativos. También obtiene ingresos de la venta de inmuebles y la explotación forestal. En el ejercicio 2019 obtuvo ingresos por 1566 millones de pesos uruguayos.
Una vez adquirida una parcela de tierra, el INC realiza un llamado abierto a los potenciales interesados, los cuales se publican en este sitio. Una de las últimas convocatorias, por ejemplo, es un área de 100,7 hectáreas en el departamento de Paysandú destinada a la actividad ganadera, para lo cual se solicita un arrendamiento anual aproximado de 175.000 pesos uruguayos (4070 dólares). El ofrecimiento cuenta con vivienda propia con servicio de electricidad.
En 2010 se creó en el INC un programa específico para la estabilidad y permanencia de las familias productoras del sector lechero. El propósito del mismo –denominado Programa de Estabilidad a la Lechería (PEL)– es fomentar el mantenimiento de las familias dedicadas a la lechería en el medio rural a través de la compra directa del predio que explotan a un particular.
Si bien originalmente uno de los requisitos para poder acceder a la tierra gestionada por el INC era residir en el establecimiento, este año, con la promulgación de la Ley Nº 19.889 (“de Urgente Consideración”) se dispuso la excepción de esa obligación –previa aprobación del INC– para aquellos que hayan permanecido en el campo por al menos diez años o tengan razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o de los integrantes del núcleo familiar.
Recientemente el directorio del INC dispuso una inversión de 840.000 dólares para la construcción y reparación de viviendas, galpones y salas de ordeñe en diferentes establecimientos propios, además de obras de caminería y el acceso al agua para la producción. Pero por el momento no tiene planes para comprar nuevas tierras.
El sistema, para no desvirtuarse, requiere ser gestionado por instituciones de carácter republicano que garanticen la transparencia de los diferentes procesos involucrados. En el sitio del INC, por ejemplo, hasta se informan los salarios de los integrantes del organismo.
Si bien las políticas realizadas por el INC se consideran un activo social por el hecho de promover el arraigo rural en la mayor parte del territorio nacional, algunos estiman que tal propósito tiene un costo demasiado elevado para el Estado uruguayo (o sea para los contribuyentes).
Una de las voces críticas más visibles es la del economista Pablo Rosselli, quien a comienzos del presente año planteó que son necesarios estudios que permitan conocer el costo de oportunidad de los subsidios pagados a los colonos para trabajar la tierra, además de estudiar las viabilidad económica de las pequeñas unidades productivas arrendadas.
