Se aprobó el aporte extraordinario que grava el capital productivo gracias al apoyo de diputados que responden a Schiaretti, Morales y Lavagna
Está a un paso de ser convertido en ley en el Senado.
Con 133 votos afirmativos, 115 negativos y 2 abstenciones obtuvo hoy miércoles media sanción el proyecto de ley kirchnerista que pretende crear un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
La iniciativa, que perjudicará a muchas Pymes argentinas al comprometer su capital productivo, está a un paso de convertirse en ley dado que el oficialismo cuenta en el Senado con los votos necesarios para aprobarla.
“Los argentinos y argentinas necesitamos encontrar un punto de equilibrio y acuerdo. Necesitamos del sector privado y del sector público invirtiendo juntos. Se trata de encontrar entre todos y todas una salida en común”, aseguró el diputado Máximo Kirchner durante el debate de la propuesta realizado anoche.
Si bien el oficialismo, con sus diputados propios (Frente de Todos) y aliados de los interbloques Unidad Federal para el Desarrollo y Acción Federal, no contaba con los 129 votos necesarios para aprobar el proyecto en Diputados, el mismo fue validado gracias al apoyo de tres legisladores que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti (Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez) y dos que responden al gobernador jujeño Gerardo Morales (Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti).
Los otros votos que faltaban provinieron de diputados del bloque Consenso Federal que responden a Roberto Lavagna: Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, mientras que Graciela Camaño –la tercera integrante de ese bloque– votó en contra de la iniciativa kirchnerista.
La propuesta además recibió el voto favorable a los justicialistas Eduardo Bucca y Andrés Zottos (Interbloque Federal), Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista).
El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo está integrado por José Luis Ramón, Pablo Ansaloni, Flavia Morales, Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Luis Di Giacomo, mientras que son parte de Acción Federal Felipe Álvarez y Antonio Carambia (vale recordar que Ansaloni y Carambia había sido elegidos en 2019 en listas de Juntos por el Cambio y cambiaron de bando al asumir su banca).
Por otra parte, hoy miércoles con 132 votos afirmativos, 96 negativos y 4 abstenciones obtuvo media sanción el proyecto de modificación de la Ley de Manejo del Fuego diseñado también por el kirchnerismo y, seguramente, será próximamente aprobado de manera definitiva en el Senado.
El proyecto firmado por los diputados Máximo Kirchner, Eduardo Bucca y Graciela Camaño, entre otros, propone modificar la Ley de Manejo del Fuego (Nº 26.815) para establecer la prohibición por un plazo de treinta años de la realización de emprendimientos inmobiliarios “en caso de incendios, sean éstos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.
El proyecto, en tales situaciones, también prohíbe por treinta años “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio” y “la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.
Eso implica que, en caso de un incendio, ya sea natural o provocado por una persona ajena a una empresa agropecuaria, el establecimiento debería mantener por tres décadas el mismo planteo productivo que el desarrollado antes del incendio más allá de los cambios comerciales, tecnológicos y productivos ocurridos en ese transcurso de tiempo.
El proyecto además indica que tal prohibición debería extenderse por sesenta años en aquellas zonas incendiadas definidas como “humedales”, lo que podría comprometer la sostenibilidad productiva de vastas regiones argentinas.
